Hechos clave:
  • La petición fue hecha al defensor del pueblo de España y al Gobierno como tal.

  • Si no se toma en cuenta la petición, denunciarán a España ante la Comisión Europea.

Alegando la protección a los inversionistas españoles de bitcoin (BTC) y otras criptomonedas, además de la afectación a principios básicos del ordenamiento jurídico de ese país, un grupo de usuarios de activos digitales solicitó al defensor del pueblo y el Gobierno de España a modificar y proteger a quienes poseen tenencias de criptoactivos en ese país.

El inversionista Guzmán López publicó un escrito de petición al defensor del pueblo de España, Joaquín Ruiz-Giménez, para que intervenga y proteja a los inversionistas de BTC e inste al Estado a modificar la Ley de Impuesto de la Renta de las Personas Física (LIRPF), que, según dice, atenta contra quienes son usuarios de activos digitales por sus cargas tributarias.

De acuerdo con López, la petición es para regular adecuadamente y en la mayor brevedad posible un nuevo régimen fiscal de los intercambios de monedas virtuales, de manera que las permutas queden exentas de tributación, a menos que se vendan criptomonedas por euros u otro dinero fíat.

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Para López, el nuevo régimen fiscal «facilitaría enormemente la simplificación y coste de la contabilidad y tributación al contribuyente», al recordar que, ahora mismo, la agencia tributaria exige contabilizar todos y cada uno de los intercambios que se realicen entre criptomonedas, lo que él califica de «demencial».

“Tributar solo conforme se vendan las criptomonedas a euros (u otra divisa fíat) es mucho más fácil de controlar por la Agencia Tributaria (redundando en su eficacia) y de tributar por el contribuyente, e incitaría a regularizar voluntariamente operaciones escondidas y no tributadas desde hace años (aflorando así recaudación) así como facilitando no evadir o eludir fiscalmente su tributación (como sucede ahora) para evitar la odiada contabilidad, su coste económico y los posibles errores que puedan llevar a sanciones”.

Guzmán López, inversionista español de criptomonedas.

Los españoles deben tributar por todas las permutas en criptomonedas que hayan realizado anualmente. Fuente: Valencia Plaza.

Un complejo trabajo de contabilidad fiscal

En palabras del solicitante, la modificación legal que pide facilitaría el control, la inspección, la contabilidad y la tributación. Además, evitaría, en gran parte, la defraudación fiscal «derivada del miedo a ser multado por cometer un error involuntario en un tema tan complejo».

Recordó que, por año, se requiere que todo inversionista de criptomonedas afronte un “complejo trabajo de contabilidad fiscal absolutamente ingente, injusto, desproporcionado y costoso” que, al final, resulta «ineficiente para su control y recaudación», pues induce a la evasión fiscal en detrimento del interés público y de la propia administración tributaria.

Por ejemplo, en España, todo inversionista medio de activos virtuales tiene que realizar la contabilidad de todas las operaciones de intercambios de criptomonedas que haya hecho en el lapso de un año en sus monederos digitales, exchanges centralizados, descentralizados, monederos fríos y plataformas de comercio entre pares (P2P, por sus siglas en inglés), «lo que requiere de una gran inversión de dinero y tiempo».

Según expone, se necesita dinero para contratar un plan anual en un programa o software de contabilidad especializado en criptomonedas, como Cointracking o Koinly, los cuales tienen precios que pueden superar hasta los 100 euros (EUR) e incluso más.

Y tiempo, explica, para obtener los archivos contables de los monederos que no puedan ser importados desde una API, además de lo que se requiere para ordenar las transferencias bancarias, cargos de tarjetas, fotos, capturas de pantalla y demás documentos que constaten las permutas hechas por un usuario.

Lo peor, indica, es que si no se tiene el tiempo para organizar eso, se debe contratar a un asesor fiscal especializado en activos digitales para que haga la tarea. Esto, lógicamente, acarrea un costo de honorarios, que se suma a lo que se tendría que declarar en impuestos.

«El coste del programa de software contable imprescindible para realizar la contabilidad, más el coste del asesor fiscal o gestor especializado, puede fácilmente superar las propias ganancias obtenidas (o al menos comerse una gran parte de las mismas)», criticó.

Principios violentados por la legislación española

López argumenta que la tributación española a las permutas en criptomonedas violenta varios principios del ordenamiento jurídico. Uno de ellos es el principio de capacidad económica de las personas, pues «en bastantes ocasiones el impuesto puede ser superior al coste del software y del asesor fiscal que la ganancia obtenida operando en todo el año».

El principio de justicia también es violado, en palabras de López, dado a que no es justo exigir a las personas conocimientos fiscales, contables y técnicos para cumplir con la tributación.

Se vulnera igualmente el principio de igualdad, sobre todo porque hay ciudadanos de otros países europeos que, en sus naciones, no tributan por las ganancias en criptomonedas, como es el caso de Portugal, o solo lo hacen cuando venden criptomonedas a euros, como en Francia.

Más de 1.000 inversionistas españoles se han sumado a la petición de Guzmán López en change.org. Fuente: Change.org.

Además, se violenta el principio de no confiscatoriedad cuando la LIRPF puede conllevar a que se tribute por ganancias virtuales derivadas de los intercambios en criptomonedas que luego al final de año no existan por diversas circunstancias, como hackeos o robos.

Se vulnera también el principio de proporcionalidad, pues exigir a los inversionistas que tributen por todas y cada una las permutas, es algo que, según López, es «absolutamente desproporcionado». Sobre todo por obligar a los tenedores a adquirir conocimientos fiscales y contables «ciertamente complejos y avanzados».

Guzmán López lanzó la petición en change.org con la esperanza de que más inversionistas españoles se sumen a su solicitud y sea finalmente escuchada por el Estado. Hasta ahora, hay 1.026 inversionistas que se han sumado a la movida.

En caso de que no se cumpla, adelantó que procederá a denunciar al Gobierno español ante la Comisión Europea, para que proceda contra el país en el seno del Tribunal de Justicia de la Unión Europea «por violación de diversos principios de derecho comunitario».


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